Soldados sudaneses montan guardia mientras los manifestantes continúan su protesta contra el régimen de al-Bashir en Jartum, punto inicial del actual conflicto en Sudán del Norte. Fuente: Wikimedia Commons
El actual violencia sudanesa, en concreto en el conflicto de Sudán del Norte, y el temor a la posibilidad de que esta contamine la geopolítica regional afectando al “avispero” saheliano y desde ahí al magrebí, ha alertado a los países europeos celosos de su seguridad ante la inseguridad proveniente de la costa sur del Mediterráneo. Violencia, una más en el continente africano, propiciada por unas élites, políticas y/o militares que, sin tener en cuenta a sus ciudadanos, sufridores de la misma que pagan con muertos y heridos, con violaciones, robos, secuestros, desplazamientos internos y a otros países, hambrunas, enfermedades… Pago exacerbado con el cambio climático, un alto crecimiento demográfico y un desarrollo económico muy bajo, insuficiente para atender sus necesidades.
Violencia que, rechazada siempre desde instancias internacionales, tal vez podría haber sido evitada con una anterior intervención decidida, no solo militar, sino estructural que, limitara sus posibles causas, a través del conocimiento de sus problemas (algunos peculiares: étnicos, tribales, religiosos). Esto hubiera llevado a una situación de pacificación lo suficientemente estable como para limitar el egoísmo de sus dirigentes políticos y militares y tratar de resolver los problemas que aquejan a la población, evitando, al tiempo, su posible cronificación, así como la intervención de fuerzas foráneas (convencionales, mercenarias y/o terroristas) y el sustento del crimen organizado.
Ahora, tras el estallido del conflicto, en Sudán del Norte se llega tarde a pesar de los antecedentes de violencia endémica. Antecedentes que no se pueden obviar por conocidos; antecedentes que son necesarios para poder aclarar la situación del enfrentamiento armado entre las fuerzas del general, jefe de las fuerzas armadas sudanesas, Abdell Fattah al-Burham, y el jefe de las milicias de las Fuerzas (paramilitares) de Apoyo Rápido (FAR), en su momento compañero de armas del anterior, general Mohamed Hamdan Dagalo, sino también para tratar de evitar caer en comparaciones rápidas con otros conflictos africanos, tales como el presente en Libia, o en alusiones a situaciones como la vivida no hace mucho en Afganistán en la base de los preparativos ya en marcha de evacuaciones de foráneos de otros países y de aquellas ya efectuadas.
Veamos en brevedad tales antecedentes.
Los antecedentes del conflicto armado en Sudán
En la República del Sudán (Sudán del Norte), país que sufrió, amén de otras violencias de carácter étnico, religioso y económico, dos guerras civiles, la primera entre 1955 y 1972 y la segunda entre 1983 y 2005, entre árabo-musulmanes del norte (cerca del 97 % son musulmanes) y animistas y cristianos del sur; conflictos que tras el Acuerdo de Paz de 2005 y el establecimiento de una nueva Constitución, el 9 de julio de 2011, llevaron al nacimiento del nuevo Estado de Sudán del Sur.
De todas formas, la violencia, en este caso racista, continuó, en la región de Darfur (la casa de los fur), un conflicto que desde 2003 enfrentaba con gran violencia a pueblos de origen árabe, organizados en grupos paramilitares, los yanyanhuid, con aquellos de raza negra (principalmente fur y masalit) agrupados, en principio, en el Frente de Liberación de Darfur y luego en diversos movimientos, pues estos pueblos se sentían sojuzgados por los primeros. Un conflicto interétnico, ya que ambos contendientes son musulmanes, cuyo origen viene de la lucha tiempo atrás por los escasos recursos de la región, lucha exacerbada en los periodos de sequía y hambruna habida entre 1980 y 1990 (en el país casi el 50 % vive por debajo del umbral de pobreza); conflicto que, tras varios acuerdos fallidos y la intervención pacificadora de Chad y la Unión Africana, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió intervenir ante el genocidio de las etnias africanas (desde su origen unos 300 000 muertos y unos 2,5 millones de desplazados) a manos de los grupos de origen árabe, enviando una fuerza de intervención multinacional (UNAMID) de unos 38.000 soldados. Aún así, continuaron los enfrentamientos interétnicos en lucha por disputas territoriales y el acceso al agua.
Al margen de la violencia étnico-religiosa, Sudán del Norte es un país que se encuentra, a pesar de sus yacimientos petrolíferos y producción de algodón (con exportaciones a China, Japón e India), sometido a diversos problemas económico-sociales fruto de tener que atender a los desplazados de sus propios conflictos y de aquellos de países próximos (como el de Tigray en Etiopía), y a una deficiente red sanitaria (que viene siendo reforzada con la ayuda de algunas ONG), afectando a la atención materno filial, a la desnutrición infantil y a diversas enfermedades como las infecciones de vías respiratorias, agravadas con la Covid (con un no muy alto nivel de contagio), diarreas agudas, cólera, hepatitis, fiebre tifoidea, tracoma ocular, fiebre hemorrágica viral e infecciones de piel.
Por otra parte, tras el derrocamiento en 2019 del presidente Omar al-Bashir siguió luego el golpe de Estado, también militar, en octubre de 2021, de la mano de los generales antes citados. Así se acabó con la transición democrática del país iniciada antes por el dictador al-Bashir, lo que fue un duro golpe para la ciudadanía que deseaba un gobierno civil y democrático y no quería estar sujeta a lo militares y, por consiguiente, estaba en desacuerdo y oposición con el nombramiento por parte de aquellos de un ejecutivo tecnócrata hasta cumplir la promesa de unas elecciones democráticas.
Una decisión que provocó que miles de personas, empujadas por diferentes grupos revolucionarios, se manifestaran en defensa de una transición civil y democrática que desmantelara definitivamente el régimen del expresidente Omar (manifestaciones reprimidas con armas de fuego provocando al menos tres muertos y más de ochenta heridos). La justificación militar fue la gobernanza hasta el 2023 ante el temor a que Sudán del Norte sufriera una guerra civil a la vista de los enfrentamientos y huelgas provocadas por el llamamiento a la desobediencia civil por parte de grupos en la oposición (destacando entre ellos la Asociación de Profesionales del Sudán), razones para la instauración de un Consejo Soberano y un gobierno mixto prometiendo elecciones libres en aquel año. Temor a la guerra civil que no fue compartido por algunos países de la comunidad internacional, a pesar de la persistencia del descontento, que han condenado el golpe de Estado y anunciado la toma de medidas restrictivas en los apoyos previstos al país.
Tropas ruandesas embarcan en un avión estadounidense para su despliegue en la región de Darfur, al oeste de Sudán del Norte, azotada por un conflicto militar entre 2003 y 2020. Fuente: Wikimedia Commons
La crisis en Sudán: entre el golpe de Estado y la guerra civil
No obstante, a pesar de que los militares hayan tratado de suavizar las consecuencias del golpe con el establecimiento de un pacto, ya en noviembre, entre el derrocado Abdallah Hamdok y el general golpista Abdel Fattah al-Burhan, restituido en su puesto, de cara a un reparto de poderes (militares y civiles) que apaciguara la situación y evitara un mayor derramamiento de sangre, no parece que se haya logrado, ya que han seguido las manifestaciones de protesta en diferentes localidades (duramente reprimidas por los militares y paramilitares aumentando el número de muertos y heridos) exigiendo que se entregue el poder a un gobierno estrictamente civil.
En principio no parecía que la situación fuera a cambiar (calmada la presión internacional), dado que a la protesta de rechazo al pacto se unieron las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (alianza política próxima a Hamdok) y el Partido Umma, uno de los mayores fuera de la coalición citada. Mucho menos tras la dimisión del primer ministro Hamdok ante la persistencia de las protestas populares fuertemente reprimidas en contra de que los militares sigan en el poder (solo quieren un gobierno de civiles no tutelado por militares), en concreto contra el general Fattah al que acusan de haber desvirtuado la revolución de 2019 y de violar el documento constitucional que marcaba los principios de un transición abocada a las elecciones libres del 2023. Situación que dejaba al ejército la decisión de si continuaba o no con la transición democrática iniciada en 2019.
Acompañando a los manifestantes, la mayoría jóvenes liderados por “comités de resistencia” que querían ocupar el Palacio Presidencial, se encontraban las Fuerzas para la Declaración de la Libertad y el Cambio (FDLC) con el objetivo de crear un frente amplio para derrotar a los militares del golpe de Estado sin negociar con los mismos a la hora de establecer una autoridad civil.
Así las cosas, al margen de la preocupación de la ONU y de las presiones de la Unión Europea y de la troica de Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, advirtiendo a los militares de que no formen un gobierno a no ser que cuenten con un amplio consenso y que no se llegue a las elecciones previstas para 2023, Sudán del Norte, antes de este conflicto, ya se debatía entre un golpe de Estado (más o menos blando) o una guerra civil.
Camino que pareció aclararse tras el levantamiento (a finales de mayo de 2022) por parte de la junta militar del estado de emergencia y la liberación de algunos de los detenidos en las protestas, con la finalidad de clarificar el ambiente para propiciar el diálogo social. Sin embargo, no parece que se hubiera alcanzado tal objetivo dado que la represión contra las manifestaciones sociales en oposición a los generales golpistas con manifestantes muertos (unos 112 en total) continuó, en el marco de una crisis económica y alimentaria, así como la negativa de la oposición a negociar con los militares. No obstante, la junta militar, a principios de junio, aceptó que el Consejo Soberano de Transición (militar) fuera disuelto dando paso a la formación de un Consejo de Seguridad y Defensa formado por civiles, en un momento en el que la oposición (Comité Central de Doctores de Sudán y Comisión de Comités de Resistencia) se estaba preparando para una manifestación masiva para el 30 de junio (“Marcha del Millón”).
Por otra parte, en 2023, en el marco de una devastadora crisis económica, de aumento de la violencia social y de aislamiento diplomático, continúa la violencia en el país, esta vez bajo el enfrentamiento armado, abierto el 15 de abril, entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido, entre los dos generales antes citados, ávidos por hacerse con el poder y las riquezas del país. Esta es la razón por la que mantenían una relación débil, de desconfianza mutua, basada en el oportunismo político, que ahora ha estallado al tratar de ponerse de acuerdo, perdiendo poder, con la sociedad civil prodemocrática para la integración en el ejército de las Fuerzas de Apoyo Rápido (creada en 2013 por el dictador al Bashir aglutinando varias milicias armadas y legalizadas en 2017) en contra de la opinión militar de su disolución dado su origen y los crímenes de guerra cometidos, en su día, en Darfur.
Conflicto que está provocando en la sociedad civil, completamente abandonada por los contendientes, una gran cantidad de bajas, muertos y heridos, junto a un desabastecimiento crítico de alimentos y de agua.
El general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las milicias paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido que se enfrentan al ejército en un nuevo conflicto en Sudán del Norte. Fuente: Wikimedia Commons
Las repercusiones del conflicto de Sudán del Norte en la región
En cuanto al terrorismo, después que el gobierno de Jartum accediera a resarcir económicamente a las víctimas de los atentados en 1988 contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, así como a las del atentado contra el barco USS Cole en Yemen en el 2000, y después de que normalizara las relaciones con Israel, Sudán desapareció en 2020 de las listas de países que apoyaban a terrorismo, garantizando desde entonces su participación en la lucha contra el terrorismo yihadista en su país.
Razones por las que, junto a sus permanentes vulnerabilidades ahora más visibles con el conflicto armado y la debilidad social, Sudán del Norte se ha convertido en objetivo de los yihadistas. Así, en septiembre de 2021, los servicios de inteligencia del país se enfrentaron en Jartum a un grupo de terroristas que se reconocieron miembros del Movimiento para la Predicación y el Combate, grupo que, a pesar de informaciones en contra, no estaba vinculado al Estado Islámico. Acción que se consideró coyuntural por cuanto se desarrolló tras el intento de un golpe de Estado por parte de soldados próximos al expresidente Omar al-Bachir.
Por otra parte, la Republica de Sudán del Sur, nuevo país desde julio de 2011, nace tras varios conflictos internos: inicialmente, en los primeros años de su independencia, con unos conflictos tribales que derivaron en una guerra civil comenzada en 2013 entre fuerzas gubernamentales y de la oposición, que cesaron, después de seis años, en 2020, tras un acuerdo para constituir un gobierno de unidad nacional, y, posteriormente, entre diversos grupos étnicos hostiles entre sí. Estos conflictos llevaron a la sociedad a una pobreza extrema (cerca del 95% depende de una agricultura, pesca y pastoreo de subsistencia), a pesar de contar con recursos naturales beneficiosos para la economía nacional, acompañada de una fuerte inseguridad social, de la necesidad de tener que atender a una gran cantidad de desplazados/refugiados huidos de la violencia de los grupos armados, y de una muy débil situación sanitaria sobrepasada por una alta tasa de mortalidad infantil, una desnutrición severa y una mortalidad materna muy alta, amén de la prevalencia de enfermedades endémicas corrientes de la región.
Situación de pobreza, a pesar de sus recursos naturales (petróleo, hierro, cobre, cromo, zinc, tungsteno, mica, plata oro e hidroenergía), y de hambruna, acentuada por las sequías e inundaciones y por la pandemia de la Covid-19, a pesar de las ayudas foráneas de diversas ONG. A sumar ahora el temor de que el conflicto actual en Sudán les afecte de alguna manera, no solo por la huida a su país de desplazados civiles, sino de elementos armados de cualquiera de los contendientes llevando la violencia consigo.
Elementos todos de valor para una posible infiltración e implantación yihadista en un país que se considera de alto riesgo en cuanto a actividades terroristas (atentados y secuestros), y, cuyo gobierno, consciente del problema, estableció un acuerdo para la lucha contra el terrorismo con Etiopía (septiembre de 2020).
Búsqueda de soluciones al conflicto de Sudán del Norte
Ante la falta de información fidedigna sobre lo que está ocurriendo (cada uno de los contendientes acusa al otro de ser el origen de la violencia, así como de estar en vía de derrotar al otro), esta situación solo se puede trabajar en hipótesis cara a la determinación de algunas tendencias que alumbren la evolución futura:
- Ante las declaraciones de los contendientes en contra de toda negociación posible si no hay derrota del contrario y la decisión, por tanto, de querer continuar con la escalada bélica, cronificación del conflicto bajo una guerra civil con consecuencias letales para la sociedad civil defensora de un gobierno civil y democrático, y el fracaso de las opciones de sus comités de resistencia y de las Fuerzas para la Declaración de la Libertad y el Cambio que no apoyan, lógicamente a ninguna de las partes en conflicto.
- Un posible contagio regional y a otras regiones periféricas, agravando el problema con la expansión inicial del conflicto bajo diferentes formas hacia los países vecinos y su posible participación en el mismo a través de la acogida de refugiados, apoyo con fuerzas, armas, logística… Preocupación que ha alertado ya a algunos países como Egipto, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea y Chad en el Sahel.
- Posible infiltración yihadista aprovechando las vulnerabilidades creadas por el conflicto, llegando incluso a afectar al Sahel, así como por el apoyo de grupos islamistas del régimen de al-Bashir integrados desde entonces en las fuerzas armadas pero contrarios, no solo a los grupos prodemocráticos, sino también a las relaciones entre los contendientes.
- Cambios en la geopolítica regional afectando a la actual Guerra Fría en el continente africano con la implicación en el conflicto, armada o de apoyo logístico, por parte de algunos de sus aliados foráneos: Egipto e Israel para el Ejército, y Libia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Rusia con los mercenarios del Grupo Wagner, para las Fuerzas de Apoyo Rápido, aunque manteniendo, de momento, puertas abiertas a los militares gubernamentales.
- Desde la inicial denuncia y condena al conflicto y la instancia a la paz poniendo fin inmediato al mismo, aparente lentitud en la decisión de intervención por parte de algunos países y organismos internacionales (EEUU, Rusia, Egipto, Unión Africana, Unión Europea, ONU) a la hora de ponerse de acuerdo en la búsqueda de soluciones comunes: intentos de negociar altos del fuego fiables, apertura de corredores humanitarios, de vías seguras de evacuación de los extranjeros residentes en el país y ahora atrapados en el conflicto, así como, el ensayo de vías factibles para la paz, en la actualidad de cara al futuro.
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